“Allí donde no llega la Ley de la Reina, es irracional esperar que se acaten otras normas menos imperiosas…”
Georgie Porgie Rudyard Kipling
La frontera de Aguas Blancas es un mercado persa bajo control de narcos y contrabandistas que mueven millones. El Estado se muestra impotente ante una poderosa y organizada ilegalidad. El ACI (área de control integrado) reúne cada tanto a las autoridades que discuten qué hacer con el descalabro.
En abril del 2016 Gendarmería y Aduana denunciaron al Intendente de la localidad el docente Sergio Gerardo Oliva (43) porque una máquina retroexcavadora al servicio de la muni despejó un camino lateral al control aduanero que comunica con el sector del Paltal en la práctica un paso clandestino más para el bagayo y el narcotráfico. Una ley del año 1944 lo obligaba a pedir permiso para cualquier obra en zona de seguridad nacional.
La Justicia federal acusó a Oliva de contrabando de mercaderías agravado por su calidad de funcionario público, figura que modificó en Junio del 2018 la cámara federal de apelaciones a abuso de poder. En el proceso Oliva siempre negó haber autorizado la apertura de esa calle que por otro lado se cerró inmediatamente apenas lo supo.
Su defensa ejercida por el estudio del abogado Joaquín Velez acordó un acuerdo conciliatorio con el fiscal José Luis Bruno que fue rechazado por el Juez Julio Bavio quien a fines de agosto inició el debate contra Oliva. Tampoco estuvo de acuerdo Bavio con el pedido de pena de Bruno de un mes de prisión en suspenso (el mínimo por abuso de autoridad) y falló seis meses e inhabilitación por el doble de tiempo.
Velez anunció que va a casar la sentencia. El cortocircuito intraestatal no tiene efectos en la anarquía fronteriza. Todo sigue igual.
